Mostrando mensaje 70     < Anterior | Siguiente > Responder a este mensaje Asunto: RE: [Foro-CEJA] Mp - Victima Fecha: Jueves, 27 de Junio, 2002  11:31:20 (-0400) Autor: Belén Salvador <BSalvador @.....CL> Cómo bien dices la discusión es positiva y enriquecedora, por lo que tengo que discrepar contigo y apoyar la posición de Mary. Creo que estamos olvidando un aspecto central y es que el fiscal o el Ministerio Público para defender los derechos y garantías de la víctima y de la sociedad ( me parece positivo que asuma el rol de defensor de la víctima), no debe en ningún caso centrarse en ganar exclusivamente, salvo cuando este convencido o al menos tenga razones de peso, para creer en la culpabilidad del imputado. Su prioridad debe ser la búsqueda de la verdad y del responsable de la infracción, por lo que me parece muy lógico que ya en el juicio oral puedan retractarse de sus conclusiones y pedir la absolución cuando han visto que es posible que hayan cometido un error durante el curso de su investigación. No creo que esto viole el principio de contradicción, y en cualquier caso, me parece mucho mas inquisatorial el defenderlo a cualquier precio, aún cuando estemos en presencia de un posible inocente. De esta forma no se está defendiendo a la víctima, se la está perjudicando. No olvidemos que uno de los aspectos del sistema acusatorio es precisamente no culpabilizar a priori, y ello debe manifestarse no en el interés de ganar el caso, sino en encontrar al verdadero delincuente y tratar de rehabilitarlo (aunque se que es utópico). Por esta razón cuando el Ministerio Público tenga dudas de su propia investigación no debería proseguir y considero positivo que se retracte, como siempre se suele decir es preferible un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel. No caigamos en el error a mi juicio, del sistema norteamericano en el que se prima por razones políticas la victoria sobre la verdad en algunos casos. Saludos a tod@s <mailto:tod@s> . Belén -----Mensaje original----- De: Ignacio Castillo [SMTP:icastill@vtr.net] Enviado el: Jueves, 27 de Junio de 2002 01:38 Para: foro2@listas.cejamericas.org Asunto: [Foro-CEJA] Mp - Victima Amigos Forunenses, no cabe duda que la discución en estos dias ha estado sumamente interesante, hemos podido apreciar las distintas visiones que compartimimos rspecto de los modelo acusatorio y, también, que creo siguen siendo más, las similitudes que compartimos respecto del mismo. Creo, sin embargo, que profundizar en quello que pensamos distinto, lejos de importar un problema, refleja un inmenso interes en el area de estudio, lo que ciertamente favorece un enriquecimiento personal de cada uno de los que participamos de este espacio. Ahora bien, quiero referirme, porque son dos aspectos que me interesan de sobre manera, al punto respecto del ministerio público como "abogado de la victima" (lo pongo entre comillas por las razones que expuse antes, es decir, porque entiendo como abogado, algo más que aquel mandato legal entre partes, y píenso más bien desde un punto de vista de organización del MP politico criminalmente considerado) y, por otra parte, el tema del ministerio público ante el juicio oral. Quisiera, eso si, antes de entrar al tema de la victima, señalar que a mi juicio el problema de la discución respecto del MP - victima esta dado por dos puntos que la dogmatica penal a discutido fuertemente estos ultimos años, y que dice relación a la confiscación del conflicto a la victima, y por otra, la idea de acción penal pública. Dilucidar estos dos puntos, a mi juicio, es fundamnetal para determinar una nueva relación entre MP - Victima, y que nos permite orientar al MP a un cambio bastante más humano y eficiente quel que hasta ahora se ha logrado. Lo cierto es que el concepto de acción pública, que es el modo como pensamos hoy en día el derecho penal y el derecho procesal penal, es expresión del derecho penal de la infracción. Esta idea, permite identificar las razones por las cuales la acción pública ha sido uno de los mecanismos mediante los cuales el estado, desplazando a los individuos, introdujo el derecho penal de la infracción. Si lo que pretendemos, entonces, es dejar de lado el concepto de acción penal publica (o al menos limitarla, para darle más importancia a la victima), entonces tenemos que determinar un nuevo rol al MP, y ese rol, a mi juicio, debe ser el de sostenedor de los intereses de la victima, tanto desde un modelo compositivo, como desde el modelo cognositivo. Es decir, en una idea de un sistema donde la preocupación efectiva sea la victima (entendiendo por esta sujeto individual o grupal efectivamente lesionados -ppio lesividad-, lo que es el presupuesto factico de la sanción penal) entonces, el MP claramente debe operar como un organo que centre su función en el interes de la victima. La función del estado debiera ser, necesariamente, ayudar y sostener los intereses de la víctima para que puedan tener una tutela judicial efectiva. Pero esta relación entre el estado, que se expresa a través del ministerio público, y los intereses de la víctima, queda absolutamente oscurecida si seguimos utilizando el concepto de acción pública, porque eso significa la autonomía del interés del estado respecto de la víctima, lo que transforma al estado (y al MP como un organo de él) en un fin en si mismo, lo que contradice los principios basicos del estado. Desde esta óptica, el derecho penal de la infracción, con su monopolio de la acción penal pública, ha sido sinónimo de debilitamiento de la persecución penal eficaz, la idea en cambio, es diversificar los instrumentos que tiene el estado para darle soporte a la víctima dentro del proceso penal. La idea es, justamente, que las víctimas poderosas, ya sea porque tienen recursos, porque están reconocida o por cualquier otra razón, puedan realizar la persecución penal por si solas (esto e lo que Bovino denomina la convertibilidad de la acción, cosa que en nuestro pais esta más o menos recogida), y que el Ministerio Público, optimizando sus recursos opere como un compensador valioso para todas aquella víctimas, individuales o grupales, que no pueden realizar esa persecución privadamente. En términos globales, lo que estamos haciendo con ese razonamiento es optimizando la persecución penal. Es cierto que toda la idea de la confiscación de la victima esta daba en el sentido de la reparación, pero existiendo la pena privativa de libertad, no veo la diferencia entre que esa pena sea perseguida por el estado o por la victima, es más, tiendo a pensar que la primera opción es más valiosa que la segunda, porque la otra encierra un oscuro tema de poder, desigual por definición. Ahora bien, en opinion de uno de nuestros amigos forunenses pensar en un MP asi era sumanete riesgoso, produciendose un desequilibro entre el estado y los ciudadanos. Me parece que buena parte de la respuesta a esa cuestión se explica con este nuevo enfoque de MP, sin embargo, creo que aun sin ese enfoque, esa pregunta encierra una confianza, a mi juicio nefasta, en la idea del principio de objetividad e imparcialidad del MP. En mi opinion el MP no es imparcial, y no es su función serlo, de hecho, esperar que lo sea es tan ingenuo como esperar que los jueces en el inquisitivo lo fueran, por eso, creo que el ppio de objetividad es complicado, porque encierra ciertos problemas de control y, además, porque no es congruente con una idea acusadora de juicio oral. Esto no quiere decir que el MP pueda hacer lo que quiera, por cierto no, esto tampoco quiere decir desequilibrio, si no que importa una mayor contradicción en el sistema, con defensores que hagan su trabajo como corresponde, investigando ellos (en lo posible), solicitando investigaciones al MP y, lo más importante, controlando las actuaciones sospechosas ante el juez de garantia. Soy un convencido que la mejor manera de garantizar es controlando, y ciertamente el MP no se escapa a esa logica, el mp debe ser siempre controlado por la defensa, ademas, esa creo yo es la logica de un modelo acusatorio. Si el fiscal quiere ganar su caso, de hecho, sintiendose o no abogado de la victima, va a hacer lo que quiera, el punto es como controlamos que no haga eso, con un ppio? El principio es importante, por cierto, porque encierra buena fe, encierra juego justo, pero la labor de control de esa función esta en el JUEZ DE GARANTIA a solicitud del abogado defensor, él es quien debe controlar eso, y para eso, nada mejor que tener claro desde ya que el fiscal quiere ganar su caso. Por lo demás, entender al MP como abogado de la victima, importa entregarle un mandato, digamos, de principio, que yo estimo valioso para el conjunto de la sociedad, cual es que el MP debe hacerse cargo de victima, debe revalorizarla, debe enfocar todo su aparato a su apoyo. Quiero insistir en que esto no significa, a mi modo de ver, una indefensión del imputado, al contrario, esto es darle al imputado la mejor cancha de juego, donde el arbitrio, el juez de garantia, sea quien decida en forma imparcial entre dos partes que quieren ganar. Lo complicado del ppio de objetividad es que los controles tienden a relajarse, el defensor no pide control (porque el fiscal es objetivo)y el juez disminuye su control porque "el punto ya paso un control", el de la objetividad del fiscal. Ahora es cierto que el fiscal tiene la investigación,pero en un modelo acusatorio donde los derechos se tomen en serio (como diria dworkin) el imputado tiene toda le esfera de protección constitucional, el abanico de garantais, lo que noe es menor, el tema es como hacemos que el control de esas garantias sea poderoso y limitador, mi idea, es que eso se logra con un juez de garantia que se encuentre en el medio de dos partes que tienen (y el lo sabe) el legitimo interes en ganar. Saludos a todos y espero poder seguir comentando esto. --------------------------------------------------------------------- Su dirección de suscripción a este foro es BSalvador@orden.cl Para ser removido, envíe un mensaje sin texto a foro2-baja@listas.cejamericas.org El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental autónomo, creado por la Asamblea General de la OEA. Su misión es contribuir a elevar la calidad de las políticas públicas en el área de la justicia, aprovechando para ello las experiencias y posibilidades que brinda el trabajo regional.