CEJA - Centro de Estudios de las Américas

LA DINASTIA DE TOGA. El "Poder Judicial", no sólo en Ecuador, sino en todos los países de Latinoamérica, conserva intacta hasta hoy, la misma estructura piramidal que la monarquía española le impuso a las Reales Audiencias hace ya más de 500 años. En esta estructura, los nombramientos y el respectivo funcionamiento, fueron diseñados para responder a los intereses de la corona, articulando particulares relaciones de poder y de dependencia con los jueces de rango inferior, quienes en definitiva solo producían "borradores" de sentencia, sujetas a modificación por los niveles jerárquicos superiores. Para el habitante de las indias, la administración de justicia fue siempre una institución completamente ajena, tanto en su constitución, su funcionamiento y su normativa; y de carácter eminentemente represivo. Además, apoyada sólidamente y durante 300 años, por el equivalente contemporáneo de la GESTAPO: la Santa Inquisición. Hasta nuestros días persiste el temor reverente a la justicia monárquica, que se exterioriza cuando a cualquier persona se la amenaza con la simple advertencia de "te voy a enjuiciar", asumiendo el amanazado la condena; a través de los abyectos "rogatorios", o "petitorios" y "súplicas", dirigidos a "su señoría"; en los absurdos ceremoniales; en la desmesurada atención a los formulismos del "expediente", que al final termina siendo el único objeto del juicio, y en donde el procesado como ser humano no tiene importancia y su existencia es reducida a simples actas. Producida la Independencia de España, el esfuerzo de nuestros primeros gobernantes se concentró en la institucionalización de la República Democrática (al estilo francés) como modelo político administrativo, pero que replicó los mismos errores en el ámbito de la Justicia. Si en Francia luego de la Revolución, los esfuerzos se focalizaron en el funcionamiento del ejecutivo y el legislativo, -dejando de lado la transformación republicana de la justicia eminentemente monárquica, que llevó finalmente al parlamento francés a crear una Corte de Casación (dependiente del legislativo) para auditar los corruptos procesos judiciales resueltos por la "aristocracia de toga"-, en Latinoamérica se repitió el mismo fenómeno. La Justicia no formó parte de la agenda republicana, y continúa hasta nuestros días funcionando bajo los mismos principios monárquicos. La crisis actual de nuestro sistema de justicia es una manifestación no suficientemente explícita de la pugna por la transformación del modelo monárquico a un modelo republicano. En el modelo republicano, las autoridades son elegidas de entre los ciudadanos; son producto de la voluntad popular; están sometidas al principio de responsabilidad y a la rendición de cuentas; a una permanente evaluación de su desempeño; y son reemplazables en forma periódica o cuando pierden legitimidad. En el modelo monárquico, las autoridades de justicia son "nominadas" y "designadas" por "el poder constituido" (en otras épocas el Rey); no existe participación de la ciudadanía en su selección; los nombramientos son vitalicios o sin período fijo; no existen mecanismos de evaluación; y están exentos de responsabilidad. Constituyen de esta forma una casta, o intocable y perdurable "dinastía de toga". A la luz de estos elementos de análisis, es explicable la naturaleza del conflicto. Los representantes de esa "dinastía de toga", tendrán un discurso que responde fielmente a una formación, prácticas y valores de características monárquicas, y desde su legítimo punto de vista, constituirá una herejía el que algunos actores de fuera de su linaje se atrevan a proponer transformaciones a "su" sistema de justicia, o a intentar entrometerse en la selección de autoridades, y obviamente habrá que descalificarlos, enjuiciarlos, y si fuese posible someterlos a la hoguera. Los que están en la posición contraria y esgrimiendo principios republicanos, tienen a su vez todo el derecho de promover una transformación estructural, que sobrepasa el ámbito de lo puramente técnico, ya que al haber perdedores y ganadores, el conflicto entra en el ámbito de lo político. Y es allí donde finalmente será resuelto, pero esta vez con la participación y bajo el impulso de las Organizaciones de la Sociedad Civil. (recomiendo visitar la página www.finjus.org.do) Como lo expresa acertadamente el Dr. Alberto Binder en su reciente publicación De las Repúblicas Aéreas al Estado de Derecho (Editorial AdHoc, Argentina, 2004), "El verdadero desafío de la reforma judicial en el siglo XXI, es la sustitución de la justicia monárquica por una justicia republicana" Quito, 26 de Agosto del 2005. Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA Presidente Ejecutivo Fundación Lexis Ecuador leohernandez@lexis.com.ec

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