CEJA - Centro de Estudios de las Américas

Estimadas y estimados: Les incluyo en este mensaje la opinión que el Doctor Carlos Rocha Orosco, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, me ha hecho llegar para que lo difunda a través de la lista. Recuerden que sus correos deben enviarlos a foro2@listas.cejamericas.org Saludos Paz Pérez Ramírez. Centro de Información e Intercambio. Centro de Estudios de Justicia de las Américas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sucre, 20 de junio de 2002 Accediendo a la invitación de participar en el Foro Virtual "Seguimiento a los Procesos de Reforma Judicial en América Latina", remito la siguiente opinión: Si observamos retrospectivamente, veremos que al influjo de los Convenios y Tratados Internacionales de los cuales Bolivia es signatario, en la última década del reciente pasado milenio, la estructura jurídica de nuestro país ha sufrido grandes transformaciones, que se operaron a partir de la reforma a la Constitución Política del Estado, aprobada mediante Ley de República Nº1615 de 6 de febrero de 1995. El Poder Judicial, se sustenta sobre la base de dos pilares principales que son la Excma. Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, y un tercero, de apoyo administrativo y disciplinario como lo es el Consejo de la Judicatura. Inmediatamente después y ante exigencias internacionales y cambios sociales en nuestro país, se inició un proceso de transformación del sistema procesal penal vigente desde agosto del año de 1972. La enorme demora en la resolución de los procesos dio lugar a que las cárceles se vean superadas en su capacidad física para albergar detenidos, en su mayoría procesados que no contaban con sentencia o teniéndola ésta no se encontraba ejecutoriada, llegándose al extremo en muchos casos esta condena era menor al tiempo que se encontraban ya recluidos. Estas y otras situaciones como el advenimiento de la Ley 1008, mostraron al país que el sistema procesal penal no era el óptimo, más por el contrario se había convertido -por su mala aplicación- en un sistema negativo para la propia sociedad, puesto que los derechos y libertades de las personas reconocidos por la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales, Convenios y Tratados Internacionales, estaban siendo desconocidos e inclusive violados. Ante esta dramática situación, en primera instancia se sancionó la ley Nº 1685 de 2 de febrero de 1986, más conocida como Ley de Fianza Juratoria, que más que una solución a los problemas de fondo fue un paliativo que muy pronto se vio superada por las reales necesidades de cambio, por lo que tuvo que pensarse en soluciones estructurales. Fue entonces que con la colaboración de organismos internacionales se elabora, aprueba y promulga la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, que introduce un "nuevo y moderno sistema procesal penal", recién entro en vigencia plena el 31 de mayo de 2001. Entre las virtudes de este sistema podemos señalar, la concordancia con la Constitución Política del Estado, en cuanto es garantista de derechos y garantías de las personas, la abreviación de plazos, como un remedio para la enorme retardación de justicia y la participación protagónica y directa de la sociedad en la administración de justicia a través de los jueces ciudadanos que forman parte de los Tribunales de Sentencia. En lo orgánico y funcional, se dice se ha transitado de un sistema inquisitorial a uno garantísta, cuando en rigor de verdad ambos son mixtos. La investigación de las denuncias y/o querellas, están a cargo de la Policía Nacional por intermedio de su organismo técnico bajo la dirección funcional del Ministerio Público y el control jurisdiccional que se ejerce por intermedio de los jueces instructores, también denominados jueces cautelares o de garantías constitucionales; el juicio en sí es oral público y continuado hasta la dictación de la sentencia, se lo sustancia ante los Tribunales o jueces de sentencia según la gravedad del caso, previa acusación formal y fundamentada del Ministerio Público que es el titular de la acción pública. Los recursos son los mismos, de apelación ante las Cortes Superiores de Justicia y Casación ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de Bolivia. En este nuevo y moderno - para nosotros - sistema procesal penal, que se estructura, como se ha podido advertir, sobre la base de tres órganos: La Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial; en el cual los dos primeros tienen a su cargo la investigación y recolección de elementos materiales para la comprobación de delitos y el último el de administrar justicia, en el corto periodo de vigencia de este nuevo sistema procesal penal, se han presentado y presentan serias y preocupantes deficiencias y debilidades institucionales sobre todo en lo que concierne a la Policía y Ministerio Público; los problemas internos en cada una de estas instancias han repercutido y repercuten significativamente en el relacionamiento y coordinación que debe existir entre ambas instituciones, perjudicando como lógica consecuencia, la adecuada viabilidad del sistema en su conjunto. Las prácticas viciosas y viejas costumbres no permiten el desarrollo institucional y cumplimiento de funciones y roles establecidos por las leyes generales y especiales. Así tenemos que mientras el órgano policial se resiste a aceptar la dirección funcional de la investigación por parte del Ministerio Público, por la reticencia al acatamiento de ordenes que no deriven de su jerarquía orgánica institucional vertical, no permiten que el órgano acusador por excelencia, ejerza oportunamente sus funciones, retardando la investigación. El Ministerio Público por su parte no termina de entender su nuevo rol, la actitud pasiva a la que estaba acostumbrado con el anterior sistema, donde la policía asumía la responsabilidad de la investigación sin control efectivo, en el que su actividad se reducía simplemente a asistir a las audiencias y emitir requerimientos, aún no ha sido superada, a esto debemos agregar el insuficiente número de fiscales, inadecuado personal de apoyo, falta de recursos materiales, de infraestructura, adecuación institucional , además de falta de capacidad de coordinación institucional e implementación del Instituto de Investigación Forense. Estos hechos nos llevan a establecer una serie de debilidades, permitiéndonos hoy citar alguna de ellas, referidas como faltas; así tenemos: 1) Falta de capacitación a los fiscales, 2) Falta del ejercicio efectivo de la representación de la sociedad y de los interese del Estado, 3) Falta de fortalecimiento institucional, 4) Incumplimiento de nuevos roles de acuerdo a su propia ley y del Código de Procedimiento Penal, 5) Insuficiente asignación de recursos económicos .etc. Estas situaciones, además de otras no menos importantes, nos permiten afirmar, que el Ministerio Público si bien es cierto que orgánica y legalmente ha sufrido transformaciones, institucional y funcionalmente aún no ha sido implementado; es decir, que los roles asignados por ley no están siendo ejercidos en su verdadera dimensión, por las razones expuestas y por la falta de conocimiento, interpretación y aplicación de la propia ley; de ahí que el papel de actor relevante y protagónico que le corresponde no está siendo ejercitado a plenitud ni en la dimensión deseada. No obstante estas debilidades imputables mas los recursos humanos y falta de atención presupuestaria que al propio sistema, nos permite ser optimistas de cara al futuro, ya que superada tales debilidades la nueva forma diseñada de administrar justicia en esta materia, constituye un avance no solo en cuanto al reconocimiento y vigencia de los derechos y garantías de las personas, sino a su efectivización plena. Atentamente, Dr. Carlos Rocha Orosco MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOLIVIA

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