Mostrando mensaje 11     < Anterior | Siguiente > Responder a este mensaje Asunto: [Foro-CEJA] mensaje de la moderadora Fecha: Jueves, 20 de Junio, 2002  19:47:48 (-0400) Autor: Paz Pérez <paz.perez @...........org> Estimas y estimados: Me permito tomar una parte del Informe Comparativo del Proyecto de Seguimiento, en el que se analiza el rol que han jugado los Ministerios Públicos en los países evaluados, con objeto de que en base a este extracto podamos debatir sobre el tema. Les invito a expresar sus comentarios acerca de lo analizado en este capítulo, o bien sobre las experiencias acerca del tema en sus respectivos países a la siguiente dirección de correo electrónico: foro2@listas.cejamericas.org Un saludo Paz Pérez Ramírez. Centro de Información e Intercambio. Centro de Estudios de Justicia de las Américas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informe Comparativo. Autor: Cristian Riego Páginas 57 a 59 (El documento completo lo puede revisar en http://www.cejamericas.org/foros.htm) a) El Ministerio Público no es lo dinámico que se pensó podía ser. Carencia de liderazgo. Más allá de algunas diferencias importantes, todas las reformas que han sido objeto de observación en este estudio han puesto un énfasis importante en dotar al sistema de persecución penal, y en especial al Ministerio Público, de importantes grados de flexibilidad y de facultades que le permitan mejorar sustancialmente la eficacia en la persecución y cumplir de una manera dinámica con las funciones, en algunos casos completamente nuevas, de encarar la preparación y presentación de las acusaciones en juicio oral, en el contexto de un sistema acusatorio. No obstante, en todos los casos, se observa que el desarrollo de los métodos de trabajo al interior del Ministerio Público ha evolucionado menos de los que se podría esperar a partir de los diseños contemplados en las reformas. Entre los rasgos que caracterizan este relativo retraso cabe mencionar los siguientes: En los países observados se aprecia en general una cierta carencia de liderazgo al interior del Ministerio Público. No nos referimos a las características personales de quienes ejercen las funciones de conducción, que sin duda difieren mucho y que no son objeto de nuestro análisis, sino que, más allá de las diferencias muy importantes que existen entre las diversas experiencias de los cuatro países, en todas ellas pareciera persistir en el Ministerio Público una cierta noción tradicional en el sentido de que el trabajo de cada fiscal depende mucho de su criterio personal y de que no hay un desarrollo suficientemente importante de sistemas de estandarización y supervisión de los criterios de actuación que posibiliten conducir el proceso de trabajo de una manera que permita un monitoreo preciso de cómo se están realizando las actividades de persecución, de introducir mejoramientos progresivos, de implementar programas innovativos. Tampoco aparecen con fuerza las cúpulas del ministerio publico en cuanto a su capacidad de mirar el sistema como un conjunto y de identificar problemas que puedan ser abordados de manera general por medio de cambios en las practicas de los fiscales o la generación de programas de innovación para la solución de los mismos, todo lo cual fue una expectativa importante del proceso de reforma y constituye una de las justificaciones de la jerarquización del órgano. Curiosamente, de acuerdo con los informes nacionales, en algunos casos ésta relativa autonomía de cada fiscal en su actuación coincide con un alto grado de jerarquización y aun de restricciones de facultades por parte de los superiores jerárquicos respecto de los fiscales individuales, por ejemplo en el caso de Chile. No obstante ésta jerarquización tan fuerte se vincula más bien a un modelo burocrático tradicional y no a la noción de una organización moderna en que se potencie la capacidad de actuación de cada uno de sus agentes, concibiendo a la estructura superior como un sistema de apoyo y supervisión que tenga la capacidad de introducir mejoramientos permanentes en el sentido de maximizar las posibilidades de eficacia de los agentes operativos. Una segunda cuestión en que el Ministerio Público aparece en general poco evolucionado en relación con sus nuevas tareas es la que dice relación con la distribución interna del trabajo entre los fiscales. En ésta materia se observa desde estructuras muy rígidas y apegadas a los modelos tradicionales, como las existentes en Córdoba en que se siguen diferenciando los fiscales de acuerdo con los tribunales ante los cuales litigan y los casos se distribuyen de manera territorial, hasta otras en que si bien formalmente no existe tal rigidez, en la práctica se observa poca especialización entre fiscales, tanto en relación con los tipos de casos, como en relación con las tareas que desarrollan. En general cada fiscal recibe un número de casos que debe tramitar desde el principio y hasta su término, hay poco trabajo de equipos, poca supervisión y apoyo por parte de fiscales más experimentados y no existen etapas en que las decisiones estén estandarizadas. b) No uso de procedimientos breves En todos los países objetos del estudio se observa una misma tendencia en relación con los procedimientos destinados a aprovechar las oportunidades de acortamiento de los procedimientos en casos de flagrancia u otros en que las pruebas aparecen muy al inicio del proceso penal. Esta tendencia consiste en evitar completamente el uso de esos procedimientos y preferir siempre el camino procesal más convencional que normalmente establece pasos procesales más prolongados destinados a investigaciones que en este tipo de casos no parecen necesarias. De la información contenida en los diferentes informes no es posible concluir cuales son las causas de este comportamiento tan consistente, no obstante, pareciera que vinculando este dato con otros que si aparecen en los informes nacionales si es posible plantear algunas hipótesis, no sólo en cuanto a este rasgo en particular sino en cuanto a la demora de los procedimientos en general. Una primera cuestión, que parece relevante para explicar el no uso de estos procedimientos, dice relación con que al interior de los Ministerios Públicos no parece existir un proceso de evaluación y mejoramiento de los procedimientos que permita implementar prácticas crecientemente superiores. Por el contrario, aparentemente la cultura imperante en ésta materia parece ser análoga a la que existe en el área judicial en que la idea principal es la de la independencia de cada juez en la determinación de los aspectos legales de su actuación. La segunda cuestión tiene que ver con la noción que todavía parece ser muy fuerte en términos de que todos los casos son sometidos a un solo método de trabajo. La especialización funcional es todavía muy limitada al interior de los Ministerios Públicos y no parece haberse desarrollado una noción clara acerca de las enormes diferencias que existen entre los casos y el hecho de que en un porcentaje muy importante de los casos más comunes no es necesario un verdadero proceso de investigación, porque la casi totalidad de la prueba se reúne al momento en que la policía toma conocimiento del asunto que normalmente coincide con la detención del imputado. De hecho, en los juicios observados en todos los países el 57% de los imputados había sido detenido en flagrancia y por lo tanto al menos potencialmente se trataba de casos que pudieron haber sido tramitados de forma breve. Pareciera que detrás de ésta reticencia a utilizar los procedimientos más rápidos tiende a mantenerse la noción propia del sistema inquisitivo que concibe al proceso penal como una actividad indisolublemente ligada al desarrollo de una investigación prolongada en el tiempo. Tampoco parece estar instalada con suficiente fuerza la noción de que el proceso penal debe funcionar necesariamente presionado por la variable tiempo. A pesar de que este ha sido normalmente uno de los postulados generales de la reforma. Aparentemente los procesos de implementación y capacitación no han podido instalar un modelo de interacción entre los diversos estamentos involucrados por medio del cual estos generen los estímulos necesarios para que los fiscales se vean motivados a presentar los casos rápidamente. En el caso de Chile, en el que aparentemente tanto jueces como defensores han sido entrenados para presionar a los fiscales a actuar de manera rápida, esto parece haber producido algún efecto puesto que, si bien los procedimientos más breves, el juicio inmediato, no han sido utilizados, al menos el tiempo previo al juicio oral es sustancialmente menor al de los otros países. Finalmente, no pareciera existir el desarrollo de incentivos destinados a que los fiscales busquen una aplicación agresiva de los mecanismos introducidos por las diversas reformas con miras a objetivos como el aumento de las soluciones o la disminución de los tiempos. Por el contrario pareciera que en general el entorno de incentivos no ha variado consistentemente con las nuevas facultades y el modelo concreto de actuación de los fiscales continua vinculado a una practica en que la repetición de rutinas parece un camino más seguro que la innovación. En el Caso de Córdoba el fiscal general ha desarrollado una política destinada a presionar a los fiscales para que eleven causas a juicio oral, no obstante parece ser una definición bastante gruesa que si bien genera algunos estímulos positivos, no parece focalizarse suficientemente en aspectos como la velocidad en el manejo de los casos.